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No se puede ‘ensuciar’ un digno reclamo por la estupidez de un individuo

‘La Intendenta denunció penalmente a los PEM por amenazas’, fue el títular que ocupó un lugar estelar en la gran mayoría de los medios riojanos, y muchos nacionales. Ese título es totalmente falso, y ensucia un reclamo digno de alrededor de 3.000 trabajadores que cobran míseros $5.000 por mes. Criminalizando la protesta se desvió la atención: la ‘amenaza’ fue más importante que el derecho de tres mil trabajadores a tener un salario digno.

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Antes de comenzar es necesario ser tajantes en el repudio de la ‘actitud individual’ de un sujeto (todavía no identificado) que escribió un mensaje de Whatsapp totalmente fuera de contexto, que no representa el ideario grupal de reclamo, y que debe ser investigado por la gravedad de sus dichos.

Hacemos hincapié en ‘actitud individual’ porque de eso se trata: un individuo que expresó ese mensaje, y si la Justicia actúa, debe hacerlo contra ese sujeto; pero de ninguna manera se puede ‘meter en la misma bolsa’ a los 3.000 empleados que dignamente están luchando por dignificar su trabajo, con un aumento inmediato y con un compromiso fiel y real del pase a planta.

Lamentablemente, fue lo que sucedió: la falta de claridad en la denuncia de la Intendenta, hizo que la sociedad y los medios generalicen en ‘los PEM’ como los denunciados, como los responsables de la ‘amenaza’. Y eso, le moleste a quien le moleste, se llama criminalizar la protesta.

¿Qué es la criminalización de la protesta? Un sitio especializado en la matera, define este concepto como una «estrategia de represión política, implementada mediante la difamación, deslegitimación y judicialización para debilitar y romper el tejido social bajo argumentaciones relativas a la seguridad ciudadana. En la mayor parte de los casos, esta criminalización es ejecutada por el Estado, con el apoyo de otros agentes, a través de su marco legislativo e implementada por el poder judicial y las fuerzas de seguridad del Estado«.

La hoy Intendenta sabe muy bien de este concepto. En Mayo de 2014, Inés Brizuela y Doria era Diputada Provincial, y una de las principales referentes de la ‘lucha social’ en defensa de Famatina. Ocho Docentes fueron procesados y fue la hoy Intendenta quien en la Cámara intentó presentar un Proyecto repudiando esa ‘criminalización de la protesta’.

Tal como lo hace la Intendenta hoy, en ese entonces desde el Gobierno Provincial se ‘tomaba’ una ‘actitud individual’ -irresponsable por cierto- para criminalizar la protesta, ensuciando a toda la lucha social en general.

Generalmente, la criminalización de la protesta ‘se da en un contexto de negación o restricción de derechos, que normalmente afecta a la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos y que acarrea un proceso de descomposición y ruptura social’. Consecuencia de estas negaciones y restricciones, y con el ánimo de evidenciarlas y combatirlas, una parte de la sociedad se organiza y ejerce su derecho a la protesta social.

En la Ciudad de La Rioja, Somos Barrios de Pie se organizó para combatir la humillación que padecen los PEM. Es ineludible remarcar esto, ponerlo en contexto, para luego entender por qué la Intendenta apunta contra esta organización, aún cuando todavía no pudo ser identificado el sujeto que escribió es mensaje de whatsapp.

Con el argumento de promover una mayor seguridad ciudadana, el Estado justifica medidas represivas que van desde multas, detenciones arbitrarias y judicializaciones; siempre protegiendo y cuidando a la parte denunciante. En el caso puntual de La Rioja, la Intendenta ahora tiene custodia policial permanente en su casa (y así debe ser), pero vale reflexionar sobre quién protege a los 3.000 trabajadores PEM que cobran cinco mil pesos por mes, y no pueden llevar un plato de comida a hogar.

Insistimos, cuestionamos con más énfasis que nadie la ‘actitud individual’ del sujeto que escribió ese tuit, pero nos proponemos reflexionar en el hecho de por qué 3.000 trabajadores tienen que pagar por ello, por qué se tiene que sacar de foco lo realmente importante: la indignidad laboral que tienen estos trabajadores desde hace años.

Con inflación anual mayor al 45%, los PEM cobran lo mismo desde hace años, no recibieron Bono de fin de año, no tiene obra social; están PRECARIZADOS.

Con la denuncia de la Intendente, se desvió la atención: ya pocos hablamos del reclamo de los PEM, y ‘el tema’ pasó a ser ‘la amenaza’. Hasta el ex Presidente de la Nación -Mauricio Macri- se solidarizó con Inés Brizuela y Doria: un ex Presidente que se ‘olvidó’ de tres mil trabajadores que perdieron el poco valor de su salario por los 150% de inflación en su período, pero que dice presente para aportar en la ‘criminalización de la protesta’.

Antes de finalizar, nos proponemos reflexionar sobre la siguiente cita:

«Existe una reacción sistemática por parte del Estado ante la protesta social, que regularmente se cristaliza en represión a través de la policía, las fuerzas de seguridad y finalmente la criminalización a través de la justicia”

¿Quién pronunció esa frase? Inés Brizuela y Doria, en 2014.

Inés Brizuela y Doria sabe muy bien lo que es la Criminalización de la Protesta. La combatió en 2014 en ‘El Fama no se Toca’, también acompañó de cerca a combatirla en #DemocraciaenlaUNlar, pero hoy la ve desde otro lado. Hoy, la Intendenta se beneficia con la criminalización de la protesta, desviando la atención de lo realmente importante: 3.000 familias que cobran una miseria y no pueden tener un plato de comida sobre la mesa.

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